JusticiaasuAlcance .
La tortura: un delito que no se puede tolerar
I gnacio Castellanos es un joven de 20 años, quien como varios de los jóvenes que viven en Nekya está indignado por las diversas actuaciones realizadas por los gobernantes de esa zona, quienes constantemente violan las leyes. Ignacio y sus amigos se encontraban manifestando pacíficamente en las calles, cuando un grupo de efectivos de la policía local arremetieron contra ellos y se llevaron detenidos a un grupo, entre los cuales se encontraba Ignacio. Durante las horas que estuvieron detenidos, los agentes policiales los golpearon, quemaron, amenazaron, dejando a varios de ellos con lesiones graves. Ignacio quiere denunciar dicho atropello, pero no sabe cómo y además teme por las represalias de la policía. Derechos humanos. Son aquellos derechos inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres humanos. Los derechos humanos y libertades fundamentales nos permiten desarrollar y emplear cabalmente nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra conciencia y satisfacer nuestras variadas necesidades espirituales. Se basan en la exigencia cada vez mayor de la humanidad de una vida en la cual la dignidad y el valor de cada ser humano reciban respeto y protección. La tortura. Todo aquel acto por el cual se provoque intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Es importante hacer notar que la tortura puede ser tanto física (golpes, quemaduras, fracturas, entre otros) como psicológica (amenazas). Marco legal criollo. La Constitución Nacional establece que los Ddhh tienen que ser respetados y garantizados por todos los órganos del Poder Público sin excepción. El artículo 46 prohíbe directamente las penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y establece que el funcionario que infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales o que instigue o tolere este tipo de maltrato será castigado. Los tratados, pactos y convenciones relativas a Ddhh suscritos y ratificados por Venezuela, tienen el mismo valor que la Constitución. El Estado está obligado a: 1. Investigar y sancionar legalmente todos los delitos contra los Ddhh. Estos delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los Ddhh y los crímenes de guerra son imprescriptibles, que lo cometa podrá ser juzgado en cualquier momento. Además la persona que ejecute dicha violación no puede alegar en su defensa que obedecía órdenes superiores, ya que esos delitos son personales. 2. Indemnizar íntegramente a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus derechohabientes, inclusive los daños y perjuicios que se causaron por esa violación. 3. Adoptar todas las medidas necesarias para cumplir las decisiones que provengan de organismos internacionales, cuando las víctimas acudan a ellas para hacer valer su derecho. Marco legal internacional. Además de lo establecido en la Constitución, Venezuela ha suscrito y ratificado varias convenciones, entre las que se encuentran: Convención Internacional de los Derechos Humanos. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Solución. Ignacio debe acudir a la Fiscalía a denunciar las agresiones. Pero, como con frecuencia los tribunales nacionales y la Fiscalía no actúan con la rapidez que se merece, también debe acudir a alguno de los organismos nacionales dedicados a la materia, para que lo apoyen y lo ayuden a llevar su denuncia a las instancias internacionales que le permitan hacer justicia. •
|
|
Consejo del Dia
Debemos denunciar todas las violaciones a los derechos humanos para que los culpables paguen por sus delitos
|
|
Algunos casos de violaciones de Ddhh
Caracas. El Amparo. El 29 de octubre de 1988, ocurrió la masacre de El Amparo, una población en la frontera con Colombia.
En esta masacre murieron 14 pescadores venezolanos quienes fueron objeto, durante más de media hora, de disparos de grueso calibre por parte de un Comando Específico formado por fuerzas del Ejército, la Disip y el Ctpj.
Ocho años más tarde, la masacre de El Amparose convirtió en la primera sentencia internacional de condena al Estado venezolano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), por violación de los Derechos Humanos.
El Caracazo. Durante el 27 y el 28 de febrero de 1989 se dio la protesta popular más violenta de los últimos años en Venezuela. Las medidas de económicas decretadas por el Gobierno serían la gota rebasó el vaso. En este caos el Gobierno suspendió varias garantías constitucionales.
La cifra oficial de muertos fue de 276 personas a manos de las fuerzas policiales del Estado. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos han estimado el número de víctimas a manos de organismos del Estado cercano a 400 personas.
El martes 22 octubre de 1996, 25 presos, incluido un menor de edad, fueron quemados vivos en e l Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso, conocido como la Cárcel de La Planta, en Caracas. Las víctimas pertenecían a un grupo de 56 personas encerradas en una celda de 4 metros de ancho por 4 de largo.
Por los hechos, inicialmente, fueron puestos a disposición de un juez militar dos oficiales y otros ocho miembros de la Guardia Nacional. La masacre del Retén de Catia, ha sido presentada por una organización venezolana de derechos humanos (Cofavic), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 11 de abril del 2002, se produjo otra masacre, después que cerca de un millón de manifestantes pacíficos fueran emboscados por organismos de seguridad del Estado y por un grupo de personas armadas.
El resultado fue 19 personas fallecidas y más de 100 heridos.
Los culpables de estos casos se encuentran en la calle y la “Comisión de la Verdad” creada por la Asamblea Nacional, no tuvo resultados concretos, hizo interrogatorios pero no pasó de allí. Las víctimas y sus familias no conocen el verdadero valor de la palabra Justicia. •
|
|
|