Sobre la cédula del buen vivir
El gobierno, en medio del fragor electoral, anuncia una cédula del buen vivir. Ya el nombre nos da a entender que el gobierno reconoce que en Venezuela hasta ahora no se vive bien. No hay muchos detalles sobre esta iniciativa. Si esta tarjeta redunda en la mejora de la calidad de vida de los venezolanos, la apoyaremos sin titubeos. Lo más importante en estos momentos es que el gobierno explique claramente en qué consiste esta iniciativa y que cualquier cosa que se cree no discrimine por color político y más importante aún, que no se convierta en un instrumento para el disfrute de unos pocos, como ha ocurrido con la piñata de los bonos soberanos. ¿Si usted amigo lector no tiene una cuenta en un banco o un empleo, cómo podrá disfrutar de una de estas tarjetas?
La fuga de un Invisible y el robo a la sede del Sebin (antigua Disip)
La fuga, por segunda ocasión, de un miembro de la banda los Invisibles a principios de esta semana y el robo de gran cantidad de dinero ocurrido en la sede del Sebin en el Helicoide nos dicen a las claras que no hay un límite muy claro entre policías y delincuentes, que algunos policías y miembros de las fuerzas armadas forman parte de redes criminales en el país. Para abordar este problema, nuestro proyecto de Ley de Desarme, a partir de nuestra llegada a la Asamblea Nacional el próximo 26 de septiembre, contempla no solo un programa para desarmar a buena parte de la población venezolana, sino también un plan para depurar a las policías de todo el país. Si no separamos a los policías malos de los buenos y a estos últimos no les damos condiciones dignas de vida, incluyendo un salario justo y acceso a vivienda y salud, poco se podrá avanzar en la lucha contra la inseguridad. Como parte del plan, también se requiere la reforma del sistema judicial venezolano (sin justicia no hay paz) y la reforma del sistema carcelario. Es una tarea titánica, pero se puede lograr. Otros países, con voluntad y empeño, lo han logrado. Tenemos que comenzar por convertir este problema en nuestra máxima prioridad.
¡Epa Gabriela, Franklin Brito se murió!
Pocas veces tenemos la ocasión de observar una muestra de cinismo como la expresada por la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ante la muerte de Franklin Brito. La defensora dice en un comunicado a la prensa lo siguiente: “Finalmente, la Defensoría del Pueblo verificó la acción articulada del Estado en su conjunto, destinada a garantizar los derechos humanos del ciudadano Franklin José Brito Rodríguez, habida cuenta del precario estado de salud en que se encontraba, para lo cual, por mandato judicial y a solicitud del Ministerio Público, se procedió a su traslado hacia el Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”, como medida urgente e indispensable para resguardar la vida como derecho humano fundamental y el bien más apreciado de nuestro ordenamiento jurídico.” Pues resulta que no salvaguardó su vida ni tampoco le dio la libertad de escoger el servicio médico de su preferencia. La fiscal general asoma la posibilidad de inculpar a la familia por “inducción al suicidio”. ¡Por Dios! La nueva Asamblea Nacional debe abocarse a la selección de reemplazos para estos dos tristes personajes, que dejan mal parados a la Constitución, obedeciendo ciegamente las instrucciones del ejecutivo nacional, sin independencia ni credibilidad. Una Asamblea equilibrada escogerá sabiamente nuevos representantes para estas importantes funciones, cumpliendo con los preceptos establecidos en la Constitución.
Fuente: Últimas Noticias
Septiembre 2010