El crimen organizado vota en Hispanoamérica

Durante décadas, creímos que el voto era un escudo frente a la violencia, un escudo civilizatorio ante la barbarie.

Hoy, en vastas regiones de Hispanoamérica, ese muro ha caído. El crimen organizado no solo coexiste con la política: la infiltra, la financia, la amedrenta y la dirige. Ya no basta con decir que corrompe el sistema: el crimen organizado hoy vota, y vota con fuerza.

En Colombia, las recientes elecciones internas del partido oficialista, el Pacto Histórico, revelaron un fenómeno alarmante: en las zonas bajo control de grupos armados ilegales, la participación electoral se disparó. En municipios como Palmito (Sucre) o el litoral del Chocó, la votación alcanzó hasta un 30 % de los ciudadanos habilitados, un crecimiento atípico en regiones marcadas por la abstención histórica. En algunas zonas, el voto se multiplicó por 140 veces respecto a procesos anteriores. ¿Casualidad? No. Estas son áreas donde el control territorial no lo tiene el Estado, sino el ELN, las disidencias de las FARC o bandas criminales locales.

Allí, la política ya no es libre. Se vota bajo amenaza, se elige a dedo, se financian campañas con dinero oscuro y se impone el silencio como norma. Los ciudadanos no eligen: obedecen. La democracia se convierte en coreografía para encubrir la dictadura armada de facto.

México

En México, el escenario es igual de sombrío. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha identificado más de 14.000 zonas de riesgo, donde la presencia del narcotráfico y otras mafias impide la instalación segura de mesas electorales. En las pasadas elecciones locales, el 30 % de los circuitos electorales estaban comprometidos por la violencia criminal. No estamos hablando de interferencias puntuales, sino de un proceso sistemático de captura del poder por parte de organizaciones que operan como Estados paralelos.

Pero no es solo el voto lo que está comprometido: la justicia también ha sido tomada. En un proceso insólito, se sometió a consulta popular en ciertas regiones de México la elección de jueces y magistrados. Votó apenas el 13 % de la población, pero en zonas controladas por el narco ganaron los candidatos vinculados a los propios carteles: abogados defensores de criminales que hoy dictan sentencia como supuestos jueces. La justicia quedó, literalmente, en manos del crimen.

Ecuador

Cuando el crimen organizado no logra imponer su poder a través del voto, lo hace por la vía más directa: el asesinato. En Ecuador, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en plena campaña, tras denunciar los vínculos entre políticos y bandas mafiosas. En México, decenas de candidatos locales —alcaldes, concejales, aspirantes— han sido asesinados en los últimos años. El mensaje es claro: si no te sometes, te eliminamos.

Todo esto no son hechos aislados. Son síntomas de un modelo de poder que ya funciona con total impunidad en Venezuela, donde el Estado ha sido absorbido por redes de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y alianzas criminales internacionales. El régimen de Nicolás Madurono es solo una dictadura: es una corporación del crimen transnacional con fachada ideológica.

Desde allí se exporta no solo migración forzada y propaganda, sino también métodos: captura del Estado, cooptación del sistema judicial, financiación opaca, represión selectiva, manipulación electoral y alianzas con mafias locales o extranjeras. Venezuela es hoy el ejemplo más extremo de cómo el crimen organizado puede gobernar directamente, sin intermediarios.

Pero lo más grave no es solo lo que ocurre dentro de las fronteras de estos países. Es lo que ya repercute fuera. El crimen organizado de Hispanoamérica tiene redes en Europa, Estados Unidos, Canadá, moviendo dinero, drogas, armas, personas. La seguridad global ya no puede disociarse de lo que pasa en Culiacán, Tumaco o Maracaibo. El crimen vota allí, pero sus efectos se sienten aquí.

Y por supuesto, la principal víctima es el pueblo hispanoamericano. Millones de personas ya no solo huyen del hambre o la dictadura, sino de la violencia territorial del crimen. Son desplazados internos, inmigrantes forzados, comunidades atrapadas entre el miedo y la resignación. Pierden no solo su derecho al voto, sino algo aún más básico: su derecho a vivir con dignidad y sin miedo.

En este contexto, no basta con señalar «fallas democráticas». Estamos ante una nueva forma de autoritarismo criminal, donde las urnas se vuelven instrumentos del delito, y donde los principios del Estado de Derecho se diluyen entre amenazas, sobornos y balas.

Y mientras las democracias del mundo miran hacia otro lado, el crimen organizado sigue votando, ganando y gobernando. Por eso hay que decirlo con claridad: el crimen organizado no es solo un problema de seguridad, es el mayor desafío político, moral y civilizatorio que enfrenta hoy Hispanoamérica.