Colombia, Venezuela y el presidente Petro
El pasado lunes se confirmó una noticia que venía siendo masticada en la opinión pública durante varios días: el encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro y el dictador Nicolás Maduro. El mandatario colombiano viajó a Caracas en una visita oficial, luego de que hace un mes se reabriera la frontera y se establecieran representaciones diplomáticas en ambas naciones. La agenda de la reunión concentró tópicos de interés para ambos países como el comercio binacional, el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la protección de la Amazonía, la seguridad fronteriza, entre otros.
La compra y venta de productos entre los dos países fue quizás uno de los temas de mayor preponderancia en la agenda. Días antes de esta visita, el propio presidente Petro había expresado desde Cúcuta su frustración porque después de la reapertura fronteriza, el intercambio comercial binacional apenas alcanzaba 2 millones de dólares. Una cifra irrisoria que solo se explica a la luz de la expansión del comercio ilícito que encuentra su zona de confort en trochas ilegales que conectan a ambas naciones. Según estimaciones de la organización Fundaredes, en el año 2020 se contabilizaron cerca de 250 trochas solo en el estado Táchira, frontera con Colombia, las cuales son manejadas por grupos armados que actúan en conchupancia con funcionarios policiales y militares de la dictadura de Maduro para cobrar comisiones por el paso de mercancías y personas.
Es así como estos pasos irregulares son propiciados y auspiciadas por el régimen de Maduro como una forma de sustraer rentas ilícitas para alimentar su aparato de represión y comprar lealtades militares. En este sentido, pensar que el régimen va a cooperar en la eliminación de estas trochas para fomentar el comercio formal es un acto de ingenuidad política. La naturaleza de la dictadura de Maduro está basada en la promoción de la economía negra, así lo demostró una investigación rigurosa de las organizaciones Transparencia Venezuela y Ecoanalítica, la cual concluyó que actualmente un poco más del 20 % del PIB venezolano proviene de actividades ilícitas.
Por otro lado, el presidente Petro ha informado que le solicitó a Maduro que reingrese a Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, el mismo día en que el presidente Petro arribaba a Caracas, la fiscalía de la Corte Penal Internacional oficializaba la reanudación de la investigación contra la dictadura de Maduro por crímenes de Lesa Humanidad, al encontrar que las reformas judiciales y los procesos legales, que ha adelantado el régimen para frenar el avance de la justicia internacional, son insuficientes. Y es lógico que el máximo órgano de justicia a escala internacional haya dictaminado precisamente esto, pues el régimen se limitó a maquillar los procesos judiciales, simulando investigaciones independientes e imputando a funcionarios de bajo rango en la cadena de mando para tratar de estafar a la CPI. Afortunadamente, ninguna de estas maniobras políticas surtió efecto; y por eso, la CPI ha reanudado el caso judicial que compromete a Maduro y su círculo más íntimo.
Maduro no ha demostrado voluntad de querer desmontar la máquina de violación de Derechos Humanos que existe en Venezuela, por lo contrario, cada día se vulnera y arremete contra venezolanos inocentes. La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU informó, luego de un proceso de investigación, los actos crueles, degradantes e inhumanos a los que Maduro somete a los prisioneros políticos. Asfixia con barriles de agua, descargas eléctricas, golpes en las costillas, prohibición de la alimentación, negación de la luz natural, goteo de agua durante toda la noche y violencia sexual son solo algunas de las prácticas recurrentes que se aplican al interior de los organismos de inteligencia de la dictadura.
Tomando en cuenta que Maduro se sostiene a fuerza de represión, miedo y persecución, lo más probable es que deseche la petición del presidente Petro. Un reingreso al sistema interamericano lo obligaría a cumplir con ciertos compromisos en materia de protección de los Derechos Humanos, amén de que tendría una mayor vigilancia por parte de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por tal motivo, soy enfático en decir que esta será una de muchas decepciones y encontronazos entre el gobierno de Colombia y el régimen venezolano. Maduro no cumplirá con la responsabilidad de resguardar las fronteras, tampoco suspenderá su aparato de represión y control social y político. Por consiguiente, todo esto traerá consigo que la agenda binacional que propuso el presidente Petro sufra un estruendoso fracaso.
Sin embargo, no significa que Colombia no pueda cumplir un rol de envergadura. Colombia puede ser un factor de peso en ayudar a desenmarañar la crisis de Venezuela. ¿Cómo? Cumpliendo un rol protagónico en la defensa de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, exigiéndole al régimen que libere a los presos políticos y frene la persecución contra la disidencia política. Además, puede cumplir un papel fundamental haciendo valer uno de los pilares del discurso y el programa de gobierno del presidente Petro, que es la preservación del medio ambiente. Medio ambiente que hoy encuentra en Maduro su principal detractor, con el fenómeno del Arco Minero del Orinoco, donde actualmente se destruyen con la minería ilegal 111.843 kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 12% del territorio venezolano. Este proceso es conocido como el peor ecocidio del planeta por sus consecuencias nefastas en deforestación, arrase de la flora y la fauna, contaminación de ríos y brote de enfermedades.
Y más allá de esto, quizás el rol más importante que puede desempeñar Colombia es el de un país que moviliza esfuerzos mundiales para que se restaure en el menor tiempo posible la democracia en Venezuela, a través de unas elecciones libres. Es decir, Colombia en cabeza del presidente Petro puede motorizar la estrategia internacional con miras a solventar la crisis democrática, movilizando a todos los países para que construyan un marco común que contribuya a que en Venezuela se celebren unas elecciones como las que tuvieron los colombianos este año, con plenas garantías democráticas, sin presos políticos, con vigilancia internacional y con un respeto profundo por la voluntad popular emanada de las urnas.
Es esta la función que 30 millones de venezolanos esperan de Colombia y del presidente Petro. Cualquier otro papel no solo será una gran decepción, sino que además será una puñalada directa para las intenciones del mandatario colombiano de ser un referente en el surgimiento de una izquierda moderna, pragmática y casada con los Derechos Humanos, sin importar la ideología de turno.
Publicado en El Espectador